Miami, 5 de agosto de 2025 – El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado una sentencia de 78 meses de prisión para Ángel Del Villar, director ejecutivo del sello discográfico Del Records, tras haber sido declarado culpable por violaciones graves relacionadas con la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico Extranjero, conocida como la “Ley Kingpin”.
La petición, presentada el pasado viernes ante una corte federal, incluye además una solicitud de tres años de libertad supervisada y una multa de USD $300.000. Según la fiscalía, Del Villar mantuvo relaciones comerciales con un promotor de conciertos que estaba oficialmente sancionado por el gobierno estadounidense debido a sus presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en México.
“Él sabía que el gobierno federal impuso estas sanciones [por supuesto lavado de dinero a] una de las organizaciones criminales más brutales del mundo, en ningún momento ha aceptado responsabilidad por sus acciones” argumentaron los fiscales en el documento judicial.
Del Villar fue declarado culpable en marzo de diez cargos relacionados con la Ley Kingpin y un cargo adicional de conspiración, por colaborar con Jesús Pérez Alvear, promotor agregado a la lista de sanciones del Departamento del Tesoro en 2018, en la organización de conciertos en México. Entre los testigos del juicio se incluyó al cantante Gerardo Ortiz, quien declaró haber visto a Pérez Alvear en las oficinas de Del Records.
La defensa de Del Villar sostuvo que el empresario fue manipulado por un ex empleado de confianza para entablar esa relación comercial, aunque el jurado no aceptó ese argumento. Sus abogados han anunciado su intención de apelar el veredicto.
Del Villar fundó Del Records en 2008 y, bajo su dirección, la empresa se posicionó como una de las principales casas discográficas de la música regional mexicana, impulsando carreras como la de Eslabón Armado, Lenin Ramírez, y otros artistas destacados. Sin embargo, su trayectoria empresarial se vio afectada en 2022, cuando fue formalmente acusado junto con el director financiero Luca Scalisi y la propia compañía.
El caso gira en torno a una serie de conciertos organizados en México, para los cuales se utilizó la intermediación de Pérez Alvear, a pesar de que tanto Del Villar como su equipo estaban al tanto de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense, según consta en documentos judiciales.
La audiencia de sentencia está prevista para la próxima semana, y se espera que marque un precedente importante sobre la aplicación de las leyes de sanciones económicas en el contexto de la industria del entretenimiento.
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