El caso antimonopolio del Departamento de Justicia contra Live Nation y Ticketmaster podría tomar un giro dramático con la revelación de un plan de “sobornos” previamente no revelado que involucra al gigante de los locales Oak View Group (OVG) y a un importante proveedor de entradas.
El acuerdo de sobornos salió a la luz como parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre las acusaciones de manipulación de licitaciones contra el director ejecutivo de OVG, Tim Leiweke .
El cofundador y ahora ex director ejecutivo de la empresa desarrolladora de estadios Oak View Group (OVG) está siendo acusado por el Departamento de Justicia por presuntamente manipular el proceso de licitación para un estadio en la Universidad de Texas.
En un acuerdo de no procesamiento con OVG con fecha del 5 de junio de 2025, el Departamento de Justicia ha detallado cómo OVG celebró un acuerdo lucrativo con una empresa de venta de entradas que describe únicamente como “Compañía B” ( que TicketNews y Billboard identifican como Ticketmaster, propiedad de Live Nation), que plantea serias preguntas sobre prácticas anticompetitivas en la industria del entretenimiento en vivo.
OVG mantiene una larga relación con Ticketmaster, tras firmar un acuerdo de colaboración en julio de 2021 que incluía la venta de entradas para seis de sus nuevos estadios. Cabe destacar que uno de ellos fue el Moody Center de Austin, el mismo recinto que fue objeto de las acusaciones de manipulación de licitaciones del Departamento de Justicia contra Leiweke.
egún el acuerdo, OVG celebró un pacto con el proveedor de servicios de venta de entradas, mediante el cual la empresa de venta de entradas acordó realizar “Pagos de patrocinio” anuales de $7,5 millones a OVG.
Estos pagos estaban “sujetos a ajustes basados en el volumen de entradas primarias con pago vendidas” para los recintos administrados por OVG360 en América del Norte durante un período de 10 años.
Además, la empresa de venta de entradas acordó darle a OVG un pago inicial de 20 millones de dólares en relación con el acuerdo.
El acuerdo, que entró en vigor en noviembre de 2022, generó lo que muchos, especialmente los rivales de Live Nation, podrían considerar un conflicto de intereses. A cambio, OVG acordó, entre otras cosas, “abogar” por que la Compañía B “permaneciera o se convirtiera en el proveedor exclusivo de servicios de venta de entradas para los recintos gestionados por OVG360”.
El problema crítico identificado por el Departamento de Justicia es que OVG no reveló este acuerdo financiero a los propietarios del lugar, a pesar de tener deberes fiduciarios hacia ellos.
Ciertos acuerdos de administración de instalaciones que fueron negociados primero por un predecesor de OVG establecen que “[a]l operar las Instalaciones, celebrar contratos, aceptar reservas para el uso de las Instalaciones y realizar transacciones financieras para las Instalaciones, el Gerente [OVG360] actúa en nombre y como agente del Propietario… con los deberes fiduciarios requeridos por ley de una parte que actúa en tal capacidad”.
El acuerdo de no procesamiento del Departamento de Justicia con OVG señala que “como fiduciario de los propietarios de ciertos lugares que administra, OVG360 estaba obligado a revelar información material, incluidos posibles conflictos de intereses”.
La investigación del Departamento de Justicia encontró que a partir de “diciembre de 2022 o aproximadamente y hasta enero de 2025, cuando expiraron los contratos de servicios de venta de entradas entre ciertos lugares administrados por OVG360 y sus proveedores de servicios de venta de entradas, el personal de OVG en ciertos casos recomendó que el propietario del lugar renovara su contrato de servicios de venta de entradas con la Compañía B o cambiara de un competidor a la Compañía B”.
El acuerdo de no procesamiento agregó que “cuando OVG abogó de esta manera por la Compañía B, OVG no reveló a los propietarios del lugar que OVG había firmado un acuerdo con la Compañía B que exigía que OVG recibiera pagos en relación con las ventas de entradas en la plataforma de la Compañía B y que defendiera a la Compañía B como proveedor de servicios de venta de entradas”.
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