Fallo de US$1.2 millones pone en alerta a la industria musical sobre la piratería digital.
Un tribunal federal del Distrito Sur de Florida falló a favor de J&N Records LLC, J&N Publishing LLC, 829Music Mundial LLC y Mayimba Music, Inc. en un caso de infracción de derechos de autor que terminó con US$1.2 millones en daños estatutarios y una orden judicial permanente para proteger decenas de grabaciones y composiciones musicales.
La decisión representa una importante victoria para los titulares de derechos independientes y, al mismo tiempo, vuelve a poner sobre la mesa uno de los grandes problemas de la industria musical digital: la facilidad con la que material sin autorización puede ingresar al ecosistema de distribución y terminar disponible en plataformas de streaming.
El tribunal determinó que Harley Boys Entertainment LLC, que operaba como Road Runner Entertainment, HBE Media Holdings Inc. y Luis Alfredo Silverio, conocido como Luigui Bleand, infringieron derechos correspondientes a los demandantes. En el caso particular de Silverio, el juez Darrin P. Gayles concedió summary judgment a favor de las compañías demandantes. La sentencia contra las entidades corporativas fue concedida mediante default judgment.
La orden impide permanentemente a los demandados reproducir, publicar, distribuir, transmitir, promocionar o vender las obras protegidas, así como autorizar o facilitar que terceros lo hagan.
De los masters a las composiciones
El caso abarcó las dos grandes áreas de derechos que sostienen el negocio musical: las grabaciones sonoras o masters y las composiciones.
Según la documentación del caso, los demandados distribuyeron grabaciones sin contar con autorización de sus titulares. La orden judicial señala que obras controladas por los demandantes llegaron a servicios digitales como Spotify, Amazon, YouTube y Qobuz a través de acuerdos de distribución realizados sin los derechos correspondientes.
En el ámbito editorial, los demandantes sostuvieron además que Silverio había registrado como propias composiciones creadas por terceros, otorgando posteriormente licencias y recaudando regalías generadas por esas obras.
La documentación presentada por las compañías afirma que estas prácticas continuaron durante aproximadamente nueve años, pese a las advertencias realizadas por los titulares de los derechos.
Regalías utilizadas para obtener un préstamo de US$750,000
Uno de los elementos más llamativos revelados durante el proceso trasciende la distribución de música. Según los demandantes, propiedad intelectual que les pertenecía habría sido utilizada para respaldar un préstamo de aproximadamente US$750,000 con Sound Royalties, utilizando como garantía regalías generadas por esas obras. La situación terminó provocando litigios adicionales y mayores gastos legales para las compañías afectadas.
Un problema que va más allá de este caso
El fallo expone una vulnerabilidad mucho mayor dentro del actual ecosistema musical. Durante la era física, las plantas de prensado legítimas normalmente exigían documentación que acreditara la cadena de titularidad antes de fabricar un producto. La distribución digital redujo radicalmente las barreras de entrada: hoy un catálogo puede ser entregado a determinados distribuidores digitales y alcanzar servicios de streaming globales con mucha mayor facilidad.
La tecnología democratizó la distribución musical, pero los mecanismos de due diligence, verificación de propiedad y chain of title no siempre han evolucionado a la misma velocidad.
Esa combinación puede permitir que una grabación o composición sea explotada comercialmente antes de que una disputa sobre su verdadera titularidad sea detectada.
Una victoria con un mensaje para los independientes
El caso resulta especialmente relevante porque reunió a compañías independientes para defender conjuntamente sus catálogos y asumir durante años los costos asociados con una disputa federal de copyright.
Los abogados Roger Juan Maldonado y Sarah Gottlieb, de Smith Gambrell & Russell LLP, representaron a los demandantes en el proceso que culminó con la indemnización de US$1.2 millones.
Más allá de la cifra, el resultado envía una señal a la industria musical: ser independiente no significa carecer de herramientas para defender un catálogo.
En un mercado donde masters y composiciones pueden circular mundialmente en cuestión de horas, conocer quién posee los derechos, verificar la cadena de titularidad y controlar cómo se distribuyen las obras se ha convertido en una parte fundamental del negocio de la música.
El fallo de Florida demuestra también que la misma tecnología que ha facilitado el acceso global a la distribución musical exige ahora sistemas más rigurosos para garantizar que quienes monetizan una canción sean realmente quienes tienen derecho a hacerlo.
[Fuente]
https://elnuevodiario.com.do
https://www.sgrlaw.com
https://www.diariolibre.com
https://latinosunidosonline.com
