Artistas consagrados, grandes sellos discográficos y plataformas tecnológicas protagonizan un año marcado por litigios que podrían redefinir las reglas creativas, económicas y legales de la industria musical global.
El año 2026 se perfila como uno de los más turbulentos para la industria musical en materia judicial. Disputas multimillonarias, demandas por derechos de autor, conflictos fiscales y el avance de la inteligencia artificial han colocado a artistas de primer nivel, conglomerados del entretenimiento y empresas tecnológicas bajo la lupa de los tribunales, tanto en Estados Unidos como en Europa.
La agenda legal del sector evidencia un aumento significativo de procesos con impacto internacional, muchos de ellos con potencial para alterar el equilibrio de poder dentro del negocio musical. Reguladores, sellos discográficos, plataformas digitales y creadores se enfrentan en juicios que ponen en juego desde la libre competencia hasta la autoría de obras creadas con nuevas tecnologías.
Uno de los casos más relevantes es el impulsado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Live Nation y Ticketmaster, que podría derivar en el desmembramiento del gigante del entretenimiento en vivo. Las autoridades investigan la existencia de prácticas anticompetitivas y posiciones dominantes que, de confirmarse, modificarían de forma profunda la estructura del negocio de conciertos y venta de entradas.
En Europa, la adquisición de Downtown Music por parte de Universal Music Group, por un monto cercano a los 775 millones de dólares, continúa bajo revisión de la Comisión Europea. Diversos actores del sector han manifestado su preocupación por una posible concentración excesiva que limite la competencia y frene la innovación dentro del mercado musical.
Las disputas por derechos de autor y regalías siguen ocupando un lugar central. En Estados Unidos, un tribunal federal ordenó recientemente el reembolso de gastos legales a Mariah Carey tras desestimar una demanda por presunto plagio relacionada con uno de sus mayores éxitos navideños. A su vez, persisten denuncias contra entidades de gestión colectiva por supuestas retenciones indebidas de millonarias sumas en concepto de regalías radiales.
Otro conflicto que genera atención es el enfrentamiento entre Cher y Mary Bono por los derechos editoriales del catálogo de Sonny y Cher. Fallos recientes podrían sentar precedentes clave sobre el reparto de ingresos de obras creadas antes de divorcios o cambios contractuales, con posibles repercusiones para numerosos catálogos históricos.
La inteligencia artificial se consolida como uno de los principales focos de tensión legal. A pesar de acuerdos millonarios entre discográficas y empresas tecnológicas, continúan los litigios para definir la autoría, los derechos conexos y la explotación comercial de obras creadas o interpretadas mediante sistemas de IA. Mientras la justicia avanza lentamente, artistas y sellos evalúan los riesgos y oportunidades de integrar estas herramientas en sus procesos creativos.
En el plano individual, varias figuras del espectáculo enfrentan procesos de alto perfil. Britney Spears mantiene una disputa con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, que reclama alrededor de 720.000 dólares en presuntos impuestos y sanciones impagos desde 2021. En Suecia, el patrimonio del fallecido DJ Avicii es objeto de una demanda vinculada a la representación de su figura en documentales y libros recientes, que según la acusación atribuyen responsabilidades indebidas a su exmánager.
También se registran litigios por presuntas campañas de manipulación de reproducciones en plataformas digitales, denuncias laborales, reclamos por uso no autorizado de imagen y demandas por samples musicales, que involucran a nombres de alto perfil de la escena internacional.
El panorama judicial de la música en 2026 refleja un escenario cada vez más complejo y dinámico, donde los derechos de autor, la competencia en el mercado y el avance tecnológico alimentan un ciclo constante de litigios. Las reacciones tras los fallos recientes y los procesos aún en curso anticipan que la relación entre la ley y la música seguirá siendo un terreno de disputa clave, con consecuencias que van más allá de lo artístico y reconfiguran la gestión de derechos, ingresos y poder en la industria global.
