Miami, 26 de julio de 2025 – Las principales figuras de la industria musical, incluidas organizaciones como la Academia de la Grabación y la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), junto a sellos de peso como Universal Music Group y Warner Music Group, han anunciado su respaldo a la reintroducción de la Ley de Restauración de la Protección Artística, conocida como Ley RAP.
Esta iniciativa legislativa busca frenar el uso de letras de canciones como prueba en procesos judiciales, una práctica que, según numerosos expertos y defensores de los derechos civiles, ha sido utilizada de forma desproporcionada contra artistas afroamericanos, especialmente dentro del género rap.
Presentada en la Cámara de Representantes por el congresista demócrata Hank Johnson (Georgia) y la congresista Sydney Kamlager-Dove (California), la propuesta busca establecer límites claros a la admisibilidad de letras musicales como evidencia en tribunales federales. Según el texto del proyecto, éstas sólo podrían considerarse válidas si se demuestra de forma concreta que deben interpretarse literalmente y que guardan relación directa con los hechos delictivos en cuestión.
La preocupación sobre este tema ha crecido a raíz de múltiples casos judiciales en los que fiscales han utilizado letras de canciones para construir argumentos de culpabilidad, como ocurrió en el proceso contra el rapero Jeffery Williams, conocido como Young Thug. En ese caso, el tribunal permitió a la fiscalía presentar más de una docena de letras compuestas por Williams y otros artistas del sello YSL como evidencia, decisión que fue duramente criticada por su defensa.
Este tipo de decisiones, advierten activistas y representantes legales, pone en peligro la libertad creativa y el derecho a la libre expresión. El congresista Johnson defendió la medida recordando que la ficción ha sido parte integral de la música durante décadas.
Aunque la Ley RAP ya fue introducida por primera vez en 2022, su avance fue limitado y no llegó a ser votada en el pleno de la Cámara. Sin embargo, con una base de apoyo más amplia y una creciente presión pública en favor de los derechos culturales, sus impulsores confían en que esta vez el proyecto logrará mayor tracción.
