En un fallo histórico que podría marcar un antes y un después en la lucha contra el fraude en la industria musical, la sentencia de un caso de manipulación de reproducciones en plataformas de streaming ha sido aumentada por unTribunal en Dinamarca. La decisión no solo refuerza la ilegalidad de estas prácticas, sino que también envía una clara advertencia a quienes intentan lucrarse de manera fraudulenta a expensas de los artistas y titulares de derechos.
El tribunal ha elevado la pena impuesta previamente por el tribunal de distrito, al encontrar pruebas contundentes de un fraude masivo que asciende a 3,5 millones de coronas danesas (DKK). El acusado, un hombre de 54 años residente en Jutlandia Oriental, ha sido condenado a dos años de prisión, de los cuales deberá cumplir al menos tres meses. Además, se ha ordenado la confiscación de 1,5 millones de DKK de su patrimonio personal y 2 millones de DKK de su empresa, que también ha sido multada con 300.000 DKK.
El fraude consistió en la manipulación del número de reproducciones de diversas obras musicales registradas bajo el nombre del acusado en plataformas de streaming. A través de este esquema, recibió ilegalmente regalías que correspondían a músicos genuinos. Además, varias de las obras fraudulentas eran versiones modificadas de música copiada de artistas daneses, lo que también constituyó una violación de derechos de autor.
El caso fue inicialmente denunciado en 2018 por la Rights Alliance en representación de diversas organizaciones del sector musical, incluyendo Koda, IFPI, la Unión de Músicos de Dinamarca y la Unión de Artistas de Dinamarca. Sin embargo, el tribunal optó por no incluir las reclamaciones de compensación de los titulares de derechos en este proceso penal, dejando su resolución para un juicio civil posterior.
Maria Fredenslund, CEO de la Rights Alliance, destacó la importancia del fallo, afirmando que «la manipulación del streaming de música es ilegal y debe ser castigada». Sin embargo, expresó su preocupación por la exclusión de las reclamaciones de compensación del caso penal, lo que genera una carga adicional para los titulares de derechos y el sistema judicial.
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