Miami, 12 de agosto de 2025 – Los fiscales generales de 14 estados en EE.UU. han iniciado una investigación formal sobre FireAid, la organización responsable de coordinar un masivo esfuerzo de recaudación de fondos para apoyar a los damnificados por los incendios forestales ocurridos en Los Ángeles.
El proceso, encabezado por el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, busca esclarecer cómo se han gestionado los USD $100M recaudados durante dos conciertos benéficos realizados en enero de 2025 en California. A pesar de las promesas públicas de que los recursos irían “directamente a las personas que las necesitan ahora”, múltiples quejas apuntan a que las víctimas aún no han recibido asistencia directa.
Desde FireAid se defienden: aseguran haber desembolsado ya USD $75M en dos etapas, dirigidos a 160 organizaciones locales seleccionadas con la asesoría de Goldman Sachs. Los USD $25M restantes —afirman— serán distribuidos antes de que termine el año, con una auditoría externa a cargo de KPMG programada para diciembre.
Sin embargo, los fiscales no se conforman con esas cifras. En una carta enviada a la presidenta de FireAid, Gillian Zucker, le otorgan diez días hábiles para entregar detalles: desde los criterios usados para seleccionar beneficiarios hasta los acuerdos de subvención firmados, los controles implementados y la relación con fundaciones como The Annenberg Foundation.
El malestar no se limita a los despachos judiciales. El congresista Kevin Kiley también ha pedido que el Departamento de Justicia investigue el caso. Según denuncias públicas y reportes de medios locales, parte de los fondos habrían ido a parar a organizaciones sin vínculos claros con el área afectada ni con el trabajo de recuperación post-incendios.
Por ahora, la atención está puesta en si FireAid cumplirá con los plazos comprometidos, si la auditoría anunciada será pública, y si los recursos llegarán efectivamente a las víctimas. Los fiscales, en su carta, insistieron en obtener respuestas claras y documentación precisa sobre cada etapa del proceso de distribución.
Lo que comenzó como una campaña histórica de solidaridad ahora enfrenta cuestionamientos que podrían marcar un precedente sobre cómo se gestionan las ayudas benéficas.
